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POLICIALES

14 de septiembre de 2023

Se rumorea que el preso que atacó a la fiscal ocultaba el arma en una ubicación inusual.

Según la investigación en curso sobre el ataque a la fiscal Claudia Ríos, se ha obtenido información a través del testimonio de uno de los custodios. De acuerdo con este relato, el reo solicitó ir al baño, donde se bajó los pantalones.

La fiscal Claudia Ríos fue víctima de un ataque pero logró reducir al preso con gas pimienta. /Foto: Ramiro Gómez.

El director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, sugirió este jueves que el preso que atacó este miércoles a una fiscal en plena audiencia de un juicio oral en los Tribunales de la capital provincial pudo haber llevado el arma blanca que utilizó en la agresión entre sus partes íntimas y aseguró que "existió una falla humana" en la cadena de custodia del detenido, por lo que están intentando determinar dónde se produjo el error.

En tanto, fuentes judiciales aseguraron a Télam que el preso de máxima peligrosidad Hugo Eduardo Arredondo Suárez (33), quien

atacó este miércoles a la fiscal Claudia Ríos

en el Polo Judicial de Mendoza
e hirió en el cuello a una estudiante de abogacía que se encontraba entre el público del juicio, será indagado recién mañana por la fiscal Andrea Lazo, quien por el momento no imputó a ningún penitenciario por las irregularidades en los controles y traslados.

El director penitenciario afirmó que en declaraciones a la prensa una de las sospechas es que el preso llevaba la faca "en una cavidad, dentro de su cuerpo" y que en cierto momento pidió ir al baño y pudo haber sido allí cuando la extrajo y la llevó a la sala de audiencias.

"La faca es un elemento irregular que termina en punta en forma de huevo alargada con un mango hecho artesanalmente en una tela que pudo haber entrado en una cavidad de esta persona. Ese pudo haber sido el motivo por el que no lo alertaron los sensores de metales. Tenemos prohibido revisar las cavidades de las personas, si hubiésemos tenido dudas, tendríamos que haber solicitado la presencia de un médico para que lo revise", dijo.

Orellana aseguró que, por sugerencia de los penitenciarios, los cuatro presos que estaban siendo juzgados se hallaban esposados por la peligrosidad que representaban, pero en cierto momento tres de ellos pidieron ir al baño, por lo que el juez les permitió que les sacaran las esposas.

"Uno de los custodios relató luego en el marco de la investigación que, dentro del baño, el preso se bajó los pantalones, por lo que una de las sospechas es que allí pudo haber extraído de su cuerpo el arma blanca", afirmó.

"La responsabilidad mayor recae sobre el Servicio Penitenciario que es el responsable de llevar las personas detenidas antes la autoridad que lo requieran. Ese traslado se realizó con personal especializado, con requisas en tres puntos, donde indudablemente en alguno de esos tres controles hubo una falla humana", expresó Orellano en declaraciones a Radio Mitre en Mendoza.

El jefe de la fuerza explicó que "a pesar de que hay protocolo, hay directivas, tecnología, capacitación del personal y entrenamiento, alguien de esa cadena de custodia cometió una falla".

Según lo que pudieron reconstruir los investigadores, Arredondo Suárez, al igual que los presos Jorge Darío Bracamonte Contreras, Lucas Gabriel Garro Ibáñez y un cuarto detenido que no fue identificado, fueron sometidos a un control por parte de cinco penitenciarios a la salida del penal de Almafuerte.

Luego, en el traslado participaron otros siete penitenciarios en dos móviles, en el Polo Judicial fueron requisados por otros dos penitenciarios y en la sala de audiencias estaban custodiados por otros cinco guardiacárceles.

"Pasaron por tres requisas y dos detectores de metales, y el elemento corto punzante no fue detectado o no fue requisado en alguno de los puntos, lo que nos hace presumir que el elemento no estaba en la sala, sino que el detenido ya ingresó con él en su poder", agregó Orellano.

Ayer mismo, el gobierno provincial aseguró que siete penitenciarios habían sido pasados a disponibilidad mientras se investigan las irregularidades en el control y el traslado del detenido.

Mientras tanto, hoy la fiscal Lazo, a cargo de la investigación del ataque a su colega Ríos, recibió una serie de peritajes y dispuso para mañana la indagatoria de Arredondo Suárez, aunque aún no se resolvió si será de manera presencial en la fiscalía o en la cárcel o si se realizará de manera virtual.

Por su parte, la fiscal Ríos aseguró hoy en declaraciones al Diario Uno que si bien habitualmente no lleva gas pimienta en su cartera, en la jornada de ayer la sumó entre sus pertenencias porque algo presentía.

Desde la oficina de prensa del Ministerio Público Fiscal informaron que la fiscal trabajó hoy normalmente en distintas medidas en el marco de otras causas penales que tramitan en su fiscalía.

El ataque

 El hecho ocurrió el miércoles por la mañana cuando Arredondo Suárez, quien cumple una condena a prisión perpetua por dos homicidios, atacó con un arma blanca a la fiscal en plena audiencia y ella se defendió al arrojarle gas pimienta en el rostro hasta que fue reducido por el personal penitenciario.

El jefe del Servicio Penitenciario aseguró que, tras el hecho, se entrevistó con el preso Arredondo Suárez y éste le manifestó que atacó a la fiscal "para llamar la atención" porque "tiene un problema que no puede ver a su hija desde hace cuatro meses".

Por su parte la estudiante y pasante de abogacía que ayer fue tomada como escudo humano y herida en el cuello por el mismo reo, fue atendida y dada de alta tras ser asistida.

En tanto, los empleados del Polo Judicial Penal de Mendoza suspendieron hoy las actividades en reclamo de seguridad luego del ataque de ayer, y realizaron una asamblea en la explanada del edificio.

Según explicaron las fuentes, el preso Arredondo Suárez ya había sido condenado a la pena de prisión perpetua por el homicidio de Jorge Daniel Montilla (51), un exmilitar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015 en el barrio Tamarindos II del departamento de Las Heras, pero además fue condenado a 14 años de prisión por otro crimen ocurrido dentro del penal de Almafuerte.

Ese segundo homicidio tuvo como víctima a Nicolás Lozano, un preso que fue golpeado y apuñalado el 26 de diciembre de 2019.

Además, en septiembre del año pasado fue imputado en otro expediente por una tentativa de homicidio de otro preso de 31 años, quien fue herido a golpes, lo sometieron a torturas, lo obligaron a consumir un sedante y finalmente abusaron sexualmente de él con un palo.

La fiscal de Homicidios atacada ayer llevó adelante algunas de las causas más relevante en la provincia de Mendoza de los últimos años, entre ellas la desaparición de Viviana Luna, quien fue vista por última en diciembre de 2016 cuando fue a una entrevista de trabajo y no se la volvió a ver y cuyos hijos aún reclaman justicia y juntaron casi 40 mil firmas en una petición que elaboraron a través de la plataforma Change.org (Change.org/JusticiaPorVivianaLuna).

También tuvo a su cargo el expediente por el crimen de León Burela (64), un hombre asesinado en abril 2019, en el interior de su vivienda del departamento de Las Heras por el que fueron a juicio la viuda y una amiga de ésta.

Asimismo, la fiscal Ríos fue quien estuvo al frente de la investigación del doble homicidio de las israelíes Pyrhia Saroussy (63) y Lily Pereg (54) en enero de 2019, en la localidad mendocina de Guaymallén por el cual fue imputado y condenado Gilad Pereg, hijo y sobrino de las víctimas.

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