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27 de Julio de 2024
POLICIALES
10 de octubre de 2023
Absolvieron a dos jefes policiales por la muerte de un oficial en una capacitación
En el segundo juicio relacionado con la trágica muerte del oficial Gabriel Mandagaray, quien lamentablemente se ahogó en abril de 2021 durante el curso de ingreso a un cuerpo especial de la Policía en esta provincia, dos jefes de policía han sido absueltos. A pesar de que el cadete había manifestado su incapacidad para nadar, sus afirmaciones no fueron tomadas en consideración.
Dos jefes policiales fueron absueltos este martes en el segundo juicio que se llevó a cabo por la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, quien se ahogó en abril de 2021 durante el curso de ingreso a un cuerpo especial de la Policía de Río Negro, según informaron fuentes judiciales.
Los absueltos son Carlos Víctor Grasso y Oscar Alberto Szymansky, quienes estaban al frente del Departamento Académico y el Departamento de Perfeccionamiento y Capacitación, respectivamente, y llegaron a juicio acusados del delito de "incumplimiento de los deberes de funcionarios público".
Sin embargo, al cabo del segundo debate que se llevó a cabo por el hecho, el juez Marcelo Chironi consideró que "no se pudo acreditar su responsabilidad" en la muerte del oficial.
"La acusación no acreditó más allá de toda duda razonable su teoría del caso y la participación responsable de los imputados en las circunstancias expuestas", indicó el magistrado, quien adelantó que los fundamentos del fallo serán entregados próximamente a las partes.
Al conocer la decisión judicial, los padres de Mandagaray y el abogado que los representa como querellantes, Damián Torres, evitaron hacer declaraciones para evaluar las próximas acciones a seguir y recurrir el fallo.
De acuerdo con lo establecido en un primer juicio que concluyó con cuatro condenados a penas de entre 4 años y 10 meses de prisión, todo comenzó el 12 de abril, a 40 kilómetros de Bahía Creek, donde los instructores y el coordinador hicieron ingresar a los cursantes en un estanque de agua para luego iniciar la caminata hasta la playa en la que acamparon hasta el día siguiente, en el marco de una práctica de entrenamiento para ingresar a un cuerpo especial de la policía rionegrina.
De los actuado sugirió que los cadetes padecieron "excesivo desgaste físico y psicológico que les generó heridas en los pies, las manos y complicaciones psicológicas".
También que fueron obligados a soportar prácticas humillantes como "orinarlos, colocarse máscaras de excremento de animal sobre sus rostros y hacerlos ingresar al mar a altas horas de la madrugada sin ninguna medida de seguridad", según la acusación fiscal.
Para los acusadores, el 15 de abril de 2021, en el marco del entrenamiento, Mandagaray fue obligado a ingresar al mar junto a dos compañeros con el uniforme policial completo, incluido los borceguíes y todas las armas reglamentarias.
Previamente, el cadete había manifestado que "no sabía nadar", lo que no fue tenido en cuenta, dado que el oficial y sus dos compañeros fueron instados a ingresar al agua cargando entre los tres un tronco de unos dos metros de largo.
Por ese hecho el 25 de julio último tres instructores y un coordinador de la Policía de Río Negro fueron condenados a prisión al ser declarados culpables por un jurado popular el 12 de mayo por los delitos de "homicidio culposo" y "abuso de autoridad".
La condena fue dictada por un tribunal oral de la ciudad de Viedma y recayó sobre Alejandro Gattoni, quien recibió 4 años y 10 meses de prisión; Alfredo Nahuelcheo, 4 años y seis meses de cárcel; y Maximiliano Vitali y Marcelo Contreras, 4 años y tres meses.
Según las fuentes, Contreras además fue declarado culpable por los jueces Carlos Reussi, Marcelo Álvarez e Ignacio Gandolfi por las lesiones leves hacia otro oficial cursante.
En este segundo juicio, que terminó con las absoluciones, se evaluó la responsabilidad de los dos jefes policiales en el cumplimiento de su deber de supervisar la realización del curso.
En el proceso intervinieron los defensores Juan Vincenty y Aldo Bustamente, mientras que la acusación estuvo a cargo del fiscal Guillermo Ortíz y del querellante Torres.
Uno de los primeros testigos fue el padre de la víctima, Antonio Mandagaray, quien recordó que cuando él llegó al lugar del hecho "decían que se había perdido el número 30" y ni siquiera le decían "quién era".
"Mi hijo tenía 25 años y nadie controló ¿Saben por qué no controlaron? Porque el área de Capacitación y Perfeccionamiento era para mandar a los vagos, a los que ya les faltaban dos o tres meses para retirarse", aseguró.
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