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CULTURA

13 de diciembre de 2023

Tensiones en torno a una ley que regula los derechos de autor de escritores y editores.

Se ha promulgado una disposición que otorga validez legal al Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina, el cual actúa en representación de editores, escritores y fotógrafos y está autorizado para cobrar una tarifa por la reproducción digital o en formato físico de las obras. Algunos críticos expresan preocupación por las posibles consecuencias negativas que esto pueda tener para las instituciones educativas públicas.

Por Josefina Marcuzzi
Alfredo Srur y la representación de los fotógrafos. /Foto prensa.

Entre voces detractoras que aducen un impacto negativo sobre la educación pública y el acceso al material intelectual, y exponentes del ecosistema literario que sostienen que es necesaria una legislación sobre los derechos de autor para evitar la piratería, el Centro de Administración de Derechos Reprográficos de Argentina (Cadra) obtuvo finalmente la legitimación jurídica para transformarse en la entidad representante de editores, escritores y fotógrafos.

Surgida como una ONG que protege los derechos de autor, Cadra podrá finalmente representar a autores y editores de obras literarias, artísticas o científicas para cobrar un canon por las reproducciones en formato digital o analógico de las obras, así como accionar judicialmente contra quienes incumplan la ley, según una normativa firmada por el gobierno saliente.

La medida considera a Cadra como "entidad única" para negociar los derechos de reproducción, así como recaudar y distribuir el importe fijado. De este modo la asociación queda habilitada a llevar a cabo procedimientos judiciales y administrativos en aras de la propiedad intelectual.

Martín Kohan. /Foto prensa.

El tema escaló rápidamente en la opinión pública tras la aprobación de la normativa y abrió el debate entre escritores, editores, sellos editoriales y académicos que se desempeñan en la universidad pública. El punto en cuestión es: ¿la medida se aplicará de igual forma sobre empresas con fines de lucro e instituciones educativas? ¿Cómo afecta la normativa al acceso del material intelectual en las aulas?

Otro punto importante de la disposición es que también incluye a reporteros gráficos de la Argentina y actuará sobre la circulación de las fotografías y el cumplimiento de los derechos de autor de quienes producen esas fotos. Según comunicó Cadra, "vamos a poder recaudar por los usos no autorizados de nuestras obras en Argentina, y esta gestión se extiende vía acuerdo de reciprocidad con entidades de Europa, América y Asia. Esto pone a la fotografía argentina en pie de igualdad con las obras musicales (Sadaic) y cinematográficas (DAC)."

La habilitación judicial y administrativa para convertirse en la entidad representante de editores, escritores y fotógrafos se iba a concretar inicialmente en diciembre pasado, pero la firma se suspendió según fuentes del entonces Ministerio de Cultura de la Nación porque se estaban haciendo modificaciones al decreto presidencial.

A diferencia de lo que se había comunicado entonces, en esta disposición que fue aprobada por el gobierno nacional saliente se exime del pago del canon a las bibliotecas públicas y populares, a los archivos y a los museos de la obligación de pago del canon establecido.

Ezequiel Adamovsky. /Foto prensa.

"Lo último que nos interesa son las universidades. Nosotros cobramos actualmente $3,16 por alumno por año de la UBA, es decir que es absolutamente simbólico. Lo que sí nos interesa son las empresas privadas que se enriquecen con el material de autores y autores. Con esta normativa nosotros podemos ir a un juzgado y accionar por los derechos. Lo que buscamos es proteger el derecho a la propiedad intelectual, ni más ni menos", explicó a Télam Magdalena Iraizoz, directora ejecutiva de la entidad. Según los datos aportados por Iraizoz, el contrato entre Cadra y la UBA establece hoy un régimen de 12 cuotas anuales de $79.200.

De acuerdo al reglamento publicado por Cadra, la entidad tiene el derecho de quedarse con hasta un 45% para gastos administrativos y fondo de reserva. Un 10% es utilizado para enviar a entidades extranjeras con las que tiene convenios de reciprocidad, otro 10% se envía a sus socios y el resto se reparte por igual entre los títulos que se hayan publicado en los últimos 5 años.

Uno de los primeros en expresarse públicamente en contra a partir de la difusión de la normativa fue el exministro de Cultura de la Nación Pablo Avelluto, quien dijo en X (exTwitter): "Espero que el nuevo gobierno dé marcha atrás con este decreto cuanto antes. Si algo no necesita la Argentina es más monopolios destinados a recaudar dinero de la cultura".



En algunos casos la opinión es un tanto ambivalente y profundiza el debate, y es la postura de la escritora Luisa Valenzuela, quien explicó a Télam: "Creo que está muy bien que protejan a los autores de la piratería. Pero en el caso de las empresas sin fines de lucro y de enseñanza no tiene ningún sentido, porque además son espacios de difusión para el autor o la autora. Desde ese lugar no me parece tan interesante ni apropiado".

Alfredo Srur es fotógrafo y artista argentino y fundó el Centro de Investigación Fotográfico Histórico Argentino. Con el apoyo de otros colegas como Julieta Escardó, Nora Lezano, Eduardo Longoni y Florencia Blanco, entre otros, trabaja hace mucho tiempo para promover la concientización acerca de la importancia del derecho de autor en la preservación del patrimonio y su acceso.

"La falta de acceso al material fotográfico existe porque la actividad no está regulada ni reglamentada. Muchas veces se desconoce el contexto y el autor de las fotos. Los derechos de autor son vulnerados de manera sistemática y masiva por empresas con fines de lucro. Esto perjudica a todo el ecosistema cultural, porque sin normativa se genera un círculo clandestino que no genera recursos ni recibe medidas de gestión pública. Las asociaciones o personas que están en contra lo que hacen es lobby, porque pretenden manejar los presupuestos de la manera que quieren".

Beatriz Buzaniche, de la Fundación Vía Libre. /Foto prensa.

Ezequiel Adamovsky es historiador y ensayista argentino, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Unsam, y otro de los fuertes críticos de la medida que beneficia a Cadra. "Estoy a favor de que los autores tengamos derechos y que seamos retribuidos por nuestro trabajo. Si hay fin de lucro en la reproducción de un texto y por supuesto ante la piratería estoy de acuerdo que haya una entidad que persiga y garantice el derecho de los autores. Pero ese derecho no puede hacerse valer para y sobre materiales educativos, por lo menos en entidades públicas, de ninguna manera", dijo a Télam.

En este mismo sentido el historiador agregó que la norma ya afecta a universidades y profesorados, porque tienen que destinar parte de los fondos que reciben, que ya de por sí son escasos, a los pagos que exige la entidad "bajo la amenaza de hacerles juicios por derecho de autor".

El docente es concluyente en su postura: "La normativa afecta el derecho a la educación de varias formas. Primero porque le extrae fondos a la educación pública de manera indebida. Luego, en el caso de las universidades es directamente perverso, porque son las que financian a los académicos para que escriban libros que se van a leer en esas universidades: es decir, el costo de producción de ese libro lo paga la universidad. Ese trabajo luego beneficia comercialmente a la editorial donde se publica, y no contentos con eso, además ahora la editorial por medio de Cadra le vuelve a cobrar a la universidad para que utilice un libro que la universidad misma financió".


Otra de las voces que fue contundente en este mismo sentido fue Beatriz Busaniche, directora de la Fundación Vía Libre y académica argentina, que dio su opinión a través de las redes sociales. "Lo que debería importar es la bajeza de firmar un ataque directo al magro presupuesto de las instituciones educativas para repartir entre los amigos. Esa es la vergüenza que esconden insultando, con un decreto entre gallos y medianoche, un curro".



Tomás Abraham, Martín Kohan, Claudia Piñeiro, Felipe Pigna y Jorge Consiglio, entre otros tantos autores y autoras, ya están afiliados a Cadra, así como sellos editoriales como Adriana Hidalgo, Asunto Impreso, Planeta, Penguin Random House y La Crujía, entre tantos más. Lo cierto es que, según lo aclarado por Iraizoz, Cadra llevará adelante acciones legales o judiciales en tanto los autores y autoras así lo quieran y manifiesten.

El escritor y docente Martín Kohan, consultado por Télam, hizo referencia al punto más delicado que es el impacto sobre los espacios educativos y el acceso al material intelectual por parte de los alumnos.

"El trabajo que otro hace hay que pagarlo. Me sorprende un poco que no haya cierto acuerdo sobre esto, supongo que tendrá que ver con el giro reaccionario de esta época. Siempre existió el cagador, que busca pagar lo menos posible por el trabajo que toma. O incluso tomarlo directamente y no pagarlo. En cuanto a lo que sucede en las universidades públicas, me parece importante que sean las mismas universidades las que no dejen de reconocer el trabajo intelectual como tal. Tengo reparos ante la idea de basar la defensa de la educación pública en el hecho de que no se remunere el trabajo, cosa que pasa en gran medida con el trabajo docente."

Según lo explicado por Kohan, es clara la prioridad de garantizar a todos el acceso de los bienes culturales. "No se trata de restringir ese acceso en ningún caso. Pero eso que tramposamente llaman ´ad honorem´ es trabajo docente no remunerado: los tienen trabajando gratis. La defensa de la educación pública en esos términos se vuelve una trampa. Se la defiende exigiendo que el trabajo se remunere."

Cadra, que fue creada en el año 2000 y autorizada por la Inspección General de Justicia en 2002, es una asociación civil que representa a editoriales y autores de distintos pensamientos e ideologías. Según su propia web, su objetivo es tutelar el trabajo de los creadores del sector del libro, y al mismo tiempo lograr que los usuarios puedan acceder, usar y compartir legalmente los textos.

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