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ECONOMIA

12 de septiembre de 2023

Avanza la discusión en el Senado sobre la modificación de la Ley de Alquileres.

No se espera la participación de expositores y tampoco hay una postura unificada entre los grupos parlamentarios. Además del proyecto aprobado en Diputados, se están evaluando otros ocho expedientes presentados desde 2022.

Foto: Pablo Añeli

El debate por la reforma de la ley de alquileres que se lleva a cabo en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Senadores continuará este miércoles, ya sin la presencia de expositores y con la discusión de los legisladores para resolver la firma de uno o de varios dictámenes.

El encuentro se llevará a cabo desde las 15 en el Salón Arturo Illia del Palacio Legislativo.

En principio, la intención es emitir dictamen para que la iniciativa que vino en revisión desde la Cámara de Diputados, pueda llegar al recinto del Senado en las próximas semanas.

No existe una postura unificada entre los bloques ya que, mientras Juntos por el Cambio pretende aprobar la iniciativa tal como vino de la Cámara baja, el Frente de Todos pretende introducirle modificaciones.

Foto: Pablo Añeli

Sin embargo, dentro del oficialismo hay algunas opiniones que buscan modificar el proyecto en revisión.

En tanto, desde el bloque Unidad Federal anticiparon la semana pasada que también presentarán un dictamen propio.

En principio, además del proyecto que tiene sanción en Diputados, los integrantes de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda tienen en estudio otros ocho expedientes presentados desde 2022.

Se trata de los proyectos de los oficialistas Magdalena Solari Quintana, María Clara del Valle Vega, Maurice Closs y Silvia Sapag; y los de los opositores Julio César Martínez, Carolina Losada, Guadalupe Tagliaferri y Lucila Crexell.

El proyecto de reforma aprobado el miércoles 23 de agosto en la Cámara de Diputados reduce de tres a dos años los plazos de los contratos, con una actualización de los alquileres cada cuatro meses contra el esquema anual que rige en la actualidad y el empleo de parámetros o índices fijados entre las partes.

En ese sentido, establece que las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) o una combinación de dichos índices.

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